Pablo Monsanto

Voluntad política para una paz firme y duradera

Por Ramón Rosas Caro
Caracas, Venezuela
19/1/2009

Jorge Ismael Soto García, alias Pablo Monsanto, fue el comandante principal de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en la guerrilla de Guatemala desde 1970 hasta 1996, año en el que terminó el movimiento bélico. Actualmente vive en la Ciudad de Guatemala y se desempeña como asesor de varios gobiernos en el nivel continental, entre ellos la administración de Hugo Chávez Frías en Venezuela y la de su propio país, donde además fue candidato presidencial.

Es un hombre de 63 años, robusto de estatura media, alrededor de 1.70 metros, sus ojos son color marrón claro, su cabello ralo castaño entrecano y tez blanca con huellas de quemaduras por el sol. Tras haber pasado más de la mitad de su vida en pie de guerra en las montañas guatemaltecas, su semblante es sereno y su voz es suave y emite una sensación de tranquilidad.

En una entrevista celebrada posterior a su último encuentro con Alí Rodríguez, Ministro de Finanzas del Gobierno Bolivariano de Venezuela, en Caracas, expresó que falta voluntad política por parte del presidente de Guatemala, Álvaro Colón, para lograr el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 1996 por el Gobierno y las FAR.

La instauración de un régimen izquierdista en Guatemala representó un avance significativo para lograr los objetivos de la lucha revolucionaria, sin embargo aún queda en el aire la instauración de la mayoría de los once acuerdos pacifistas firmados, mismos que cumplieron 12 años y 4 gobiernos el pasado 29 de diciembre.

De acuerdo con el Comandante, el apoyo del pueblo mexicano en la lucha libertadora guatemalteca fue de importancia vital. De hecho, relató algunos de los pasajes vividos durante el desarme del ejército de las FAR, en los que el mismo presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se asombró al ver el arsenal que, en la clandestinidad, albergaba el suelo mexicano.

En la actualidad Soto García prefiere no hablar de la guerra. No obstante, advirtió de posibles enfrentamientos futuros si la clase política de ese país no asume su papel como pacificadora y resuelve las necesidades primordiales de su pueblo.

- ¿Cuál es la situación política actual de Guatemala, respecto del movimiento armado?
- El Gobierno de Álvaro Colón se ha mantenido tibio ante la situación. Desde la firma de los acuerdos de paz han pasado cuatro presidentes.
La llegada de Colón al mando significa para nosotros una esperanza para el cumplimiento de los acuerdos de equidad y justicia por los que peleamos durante casi 40 años, ya que él es parte de esta lucha.
Sin embargo, en la realidad ha faltado voluntad política para cumplir y hacer cumplir los once acuerdos rubricados hace 12 años.
Pareciera que el gobierno quiere borrar la historia, el 29 de diciembre se hizo una magna fiesta nacional por esta firma y yo no fui invitado, aún cuando soy signatario de esos acuerdos.

- ¿De continuar estas políticas podría darse una nueva insurrección?
- Claro que podría darse. El pueblo requiere que sus necesidades sean cubiertas, entre otras cosas hacen falta reformas constitucionales, leyes nuevas, paz verdadera y equidad y respeto para los ciudadanos.

- ¿Volvería usted a comandar el movimiento revolucionario?
- Subí a las montañas a los 17 años. Luché 34 en la guerrilla, ahora tengo 63, ya no volvería a las armas por ningún motivo, simplemente mi tiempo pasó, mi cuerpo no lo resistiría. Pero dejamos semillas, gente que cree en la Revolución y que busca el bienestar para su país. Por supuesto que contarán con nuestro apoyo moral, pero regresar a las montañas no lo tengo previsto.
Por ahora no me gusta hablar de la guerra, mi lucha es desde el campo político y no estoy descansando, sigo buscando una paz firme y duradera.

- ¿Cómo fue la formulación de los acuerdos de paz?
- Al ser una exigencia general del pueblo guatemalteco fue necesario considerar todos los campos sociales del país. Tardamos 7 años y medio en hacer las negociaciones correspondientes.
Al final obtuvimos once consignas que incluyen puntos a cumplir por ambas partes, FAR y gobierno, y que contemplan la reducción del ejército nacional y el desarme del nuestro, acuerdos contra la discriminación, así como reformas judiciales, fiscales y electorales.

- ¿Qué han cumplido?
- Por nuestra parte cumplimos con desarmar a las FAR. Retiramos los arsenales que teníamos ocultos en Guatemala y el sur de México.
De hecho en aquel país tuvimos un gran apoyo del pueblo, tres de nuestros arsenales más grandes estaban en Chiapas y Tabasco. Llevamos a las autoridades mexicanas y guatemaltecas a descubrir nuestros arsenales. Cuando dieron cuenta sobre la cantidad de armas que teníamos ocultas en estos estados se asombraron.
También se redujo el tamaño del ejército. El trato fue disminuir el número de efectivos en una tercera parte, pero el gobierno decidió dejar 12 mil de 60 mil soldados, logrando con esto un acotamiento del 80 por ciento del personal.
Igualmente se ha observado buena voluntad en la lucha contra la discriminación hacia los indígenas.

- ¿Qué pasará con los 48 mil militares recortados?
- Eso es lo que estamos analizando. Buscamos que ocupen otros cargos como servidores públicos. Examinamos sus perfiles, pues no queremos que ocurra lo que en otros tiempos, cuando los militares eran asesinos reciclados, quienes pasaban a ocupar otros cargos y ocasionaban atrocidades contra la sociedad.

- Ahora bien ¿cuáles son los acuerdos que no se han cumplido?
- Los que involucran el papel socioeconómico del estado. Nosotros pedimos que sea el Gobierno quien controle los recursos para el país. Actualmente son los grandes capitales quienes lo hacen, en ese sentido nosotros pedimos una reforma fiscal y la recuperación (nacionalización) de los recursos naturales.
Por otra parte solicitamos que se incrementen anualmente los presupuestos destinados a la educación de acuerdo con el crecimiento de las necesidades de la sociedad, esto tampoco ha sucedido en los últimos doce años. Asimismo una reforma constitucional que instituya la instrucción básica como obligatoria.
También reclamamos que se defina el papel del ejército dentro de una sociedad democrática como un órgano de defensa nacional y no como un ente de control.
Demandamos una reforma electoral que permita a las corrientes ideológicas convertirse en partidos políticos. En la actualidad crear un partido son meros trámites administrativos, ello ha generado partidos que no representan fuerza política en el país, pero sí reciben presupuesto gubernamental.
Tampoco se ha reconocido la identidad de los pueblos indígenas ni se han redistribuido las tierras de cultivo, todo esto debe ser ejecutado partiendo desde la constitución política.

- En lo referente a los pueblos indígenas ¿cuáles son los avances que se tienen y qué falta para su incorporación a la sociedad?
- En la lucha contra la discriminación se ha avanzado: redujeron los cotos de racismo, antiguamente los matrimonios indígenas no podían dar nombres aborígenes a sus hijos; en las oficinas de registro civil llegaron al punto de llamar “María” a todas las niñas. En la actualidad esto se ha acabado, aunque el fenómeno del racismo, al ser cultural, es más difícil de erradicar, pero vamos avanzando.
Ahora bien, lo que exigimos es una reforma constitucional en la que se reconozcan los 23 idiomas indígenas como oficiales y, de este modo se inculquen en las escuelas de nivel básico. Lo mismo para con sus derechos e identidades, respeto a sus sitios sagrados y a sus tradiciones, principalmente en lo referente a la santería y la sanación, técnicas en las que ellos creen.

- En este sentido, ¿cómo ha sido el papel de Rigoberta Menchú?
- Rigoberta fue parte de la guerrilla, combatió con nosotros y llegó con buenas intenciones al gobierno.
El problema fue cuando se alineó con el estado.
Cuando ella fue representante de los pueblos indígenas de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas llenó las oficinas gubernamentales del país con indígenas. A todos les dio trabajo, pero como sirvientes y edecanes. Es decir, no reivindicó la lucha indígena, simplemente los llevó a la ciudad.

- En conclusión ¿qué hace falta para la institución de un estado de derecho verdadero en Guatemala?
- Simplemente: voluntad política, sin ello no se logrará la paz firme y duradera por la que hemos luchado más de 40 años.

La guerrilla de Guatemala:
1954: La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos derroca al Gobierno democrático de Jacobo Arbenz.
1958: Toma el poder el dictador Miguel Idígoras.
1960: Un grupo de militares nacionalistas intenta un golpe de estado fallido.
1962: Nacen las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de una coalición entre militares, estudiantes e izquierdistas.
1966: Ejercito guatemalteco mata a 8 mil civiles, supuestos miembros de las FAR.
1970: Surgen el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (Orpa).
1982: Nace la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) por la unión de los grupos armados y el Partido Guatemalteco del Trabajo.
1987: Se firma el acuerdo de Esquipulas II con el objetivo de buscar soluciones pacíficas a los conflictos.
1993: Por medio de la iglesia católica, la oposición cívica logra negociar la paz entre el Gobierno y la URNG.
1996: Durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen se logra el cese al fuego definitivo y se firman los acuerdos de paz.

Duración: 36 años
Se calculan 150 mil muertos
La población civil no combatiente fue la más afectada
Número desconocido de indígenas asesinados en el altiplano
40 mil a 50 mil desaparecidos
1 millón de exiliados (actualmente 30 mil en México)
500 mil desplazados dentro del país